Mito 3: En el Ecuador el poder judicial es justo e independiente
miércoles, oct. 21st 2009
El poder judicial del Ecuador no es justo y está muy lejos de ser independiente.
Desde que asumió el cargo en enero de 2007, el presidente Correa ha consolidado su poder en todo El Ecuador, incluyendo los organismos políticos, financieros y los medios.
Correa consolidó el poder político cuando la Asamblea Constituyente, dominada por su partido político: Alianza PAIS, redactó una nueva constitución, disolvió el Congreso Nacional y anunció que sus decisiones estaban por encima de cualquier otro fallo del poder judicial.
Entonces profirió la siguiente amenaza: que “[j]Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente” y desde entonces dejó claro que esta amenaza alcanza a los jueces que fallen en contra de los intereses del Estado.
Correa afirma que “el Poder Ejecutivo sí podría ejercer presión sobre el Poder Judicial” para exigir a los organismos de justicia a que “respondan a las necesidades del país” y que, en su carácter de Presidente, “no es sólo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial”.
Correa también ha cancelado los contratos de las empresas extranjeras y confiscado sus activos; a la vez que extinguía sus posibilidades de lograr una resolución justa de las disputas, cuando rechaza la jurisdicción de los tribunales arbitrales internacionales y se rehusó a acatar sus fallos. También ha tomado medidas para controlar a los medios, que Correa considera como “instrumentos corruptos de la oligarquía” y el principal “enemigo del cambio”, entre las que se encuentran la amenaza de revocar cientos de licencias de radio y televisión debido a supuestas “irregularidades.”
Existen pruebas, si volvemos a administraciones anteriores, de que los abogados que representan a los demandantes de Lago Agrio y el gobierno del Ecuador están trabajando juntos para asegurarse una sentencia contra Chevron en el juicio de Lago Agrio. La administración de Correa ha mantenido y fomentado este acuerdo, por lo que la causa contra Chevron pasó de ser una cuestión legal a una política.
El gobierno del Ecuador podría beneficiarse ampliamente con un fallo contra Chevron, que lo absolvería de sus propias obligaciones de remediación y daría como resultado la transferencia de una enorme cantidad de dinero a El Ecuador (el dictamen propuesto de USD27.000 millones representa la mitad del PIB del Ecuador). Políticamente, el caso Lago Agrio distrae la atención y aleja la responsabilidad por las condiciones ambientales de Petroecuador y permite que Correa culpe a Chevron de todos los males sociales de Oriente.
Correa ha prejuzgado la responsabilidad de Chevron en el caso públicamente, incluso adoptó la postura infundada y sumamente ofensiva de que Texaco Petroleum era culpable de “delitos contra la humanidad”. El Fiscal General de la Nación confirmó que “la posición del gobierno de Correa en el caso es clara: ‘La contaminación es el resultado de las acciones de Chevron, no las de Petroecuador’”.
Correa ha colocado el respaldo del gobierno en los demandantes, incluso les ofreció “ayuda para reunir las pruebas” contra Chevron. En abril de 2007, sólo unos meses después de haber asumido su cargo, el presidente Correa hizo junto con los medios una visita a la Amazonía; acompañado por los abogados y representantes de los demandantes, en el que se refirió al abogado de los demandantes Pablo Fajardo y a Luis Yanza, líder del Frente de Defensa de la Amazonía como “héroes reales … que han luchado por años por su gente, su Amazonía”. También se refirió en varias oportunidades a Fajardo y Yanza como “nuestros compañeros” y sus “queridos amigos” en la prensa nacional ecuatoriana.
Correa ha apelado al Fiscal General de la Nación para que inicie una causa penal contra los abogados de Chevron que firmaron la conciliación y los acuerdos de exoneración de responsabilidad en nombre de Texaco Petroleum. Los dos Fiscales Generales anteriores del gobierno de Correa exigieron que los cargos penales fueran desestimados en tres ocasiones distintas. Sin embargo, el siguiente que fue nombrado en el cargo, Washington Pesántez, entonces formuló cargos infundados a pesar de las tres opiniones anteriores de que los cargos debían ser desestimados, sin apuntar a ninguna prueba nueva y sin perjuicio de su opinión anterior, como Fiscal de Distrito, que no había encontrado prueba alguna para respaldar los cargos penales y había confirmado la recomendación de desestimar la demanda penal.
Recientemente, el asesor de legal de Correa, Alex Mera, y la su hermana Pierina Correa, están implicados en una trama de sobornos por USD 3 millones dirigidos a garantizar los contratos de remediación que serían consecuencia de una sentencia contra Chevron por parte de uno de los organizadores del ardid, Patricio García, quien afirmó ser un operador político para el partido gobernante Alianza PAIS. García también afirmó durante una de las reuniones grabadas en video que los abogados del ejecutivo serían enviados a Lago Agrio para ayudar al Juez Núñez (que también estaba implicado en la trama) a redactar la sentencia.
Luego de que la trama de sobornos fue revelada, Correa confirmó su alianza con los demandantes una vez más y manifestó de manera inequívoca “por supuesto quiero que nuestros compañeros indígenas ganen”. Y como otra prueba más del control del gobierno sobre la causa judicial, a pesar de las repetidas afirmaciones de que el gobierno no tiene ningún papel en este juicio, el Fiscal General Washington Pesántez anunció que ha solicitado al juez Núñez excusarse de continuar en el juicio para “garantizar que el fallo ya no se demore más” y para no permitir que Chevron “evite pagar la indemnización por daños y perjuicios que creemos es más que justa, porque ocasionó mucho daño a nuestro país”. Pesántez confirmó luego que el 90% [de cualquier sentencia contra Chevron] iría a manos del Estado para llevar a cabo actividades de remediación y bioremediación”.
