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miércoles, julio 14th 2010
En este mes se cumplen veinte años desde que Petroecuador asumiera las operaciones de los campos petroleros en el Oriente ecuatoriano antes a cargo de Texaco Petroleum. Durante este período Petroecuador ha generado más de 50.000 millones de dólares en ingresos petroleros para el país.
Esta abundancia tuvo efectos adversos en la Amazonía por el pésimo récord ambiental y operacional de Petroecuador. No obstante, cabe reconocer que la compañía ahora está tratando de cumplir con sus obligaciones.
- En el 2002, Petroecuador desarrolló un plan de remediación para sus operaciones en el Oriente ecuatoriano. En el 2005 inició el plan de limpieza aprobado por el gobierno.
- En el 2007, Petroecuador reportó que el costo de remediación para las 370 piscinas ubicadas dentro de la antigua área de concesión era de 31.45 millones de dólares. Hasta la fecha, por lo menos 86 piscinas de reserva han sido remediadas.
- Petroecuador ha indicado que su meta es completar todo el trabajo de remediación hasta el fin de 2013.
Según parece Petroecuador tiene la capacidad, la pericia y la responsabilidad necesarias para limpiar los campos petroleros en el Oriente y lo que es más importante aún, cuenta con el apoyo del Gobierno.
No obstante, los abogados litigantes de los Estados Unidos que están detrás del juicio en la Corte de Lago Agrio han interferido en Petroecuador. Se han opuesto a la limpieza de la empresa estatal y han pedido a la Corte detener el trabajo de Petroecuador, mas no por una preocupación por el medio ambiente, sino por temor a que la remediación de Petroecuador “pueda cambiar su caso”.
El caso de estos abogados ha afectado al Ecuador. El juicio en Lago Agrio ha sido corrompido por los mismos abogados que lo iniciaron. Han presentado ante la Corte informes periciales falsos, evidencias falsas y han actuado en secreta colusión con los peritos de la Corte. Esto describe un fraude que no está únicamente siendo cometido a expensas de las cortes del Ecuador, sino a expensas del Gobierno y de los propios ciudadanos ecuatorianos. Más aún, el juicio ha afectado la reputación internacional del Ecuador en relación a la corrupción y equidad judicial.
El juicio en Lago Agrio y los abogados demandantes constituyen un obstáculo para las soluciones que merecen la región Oriental y sus habitantes. Es ya tiempo de que los abogados litigantes pongan a un lado sus propios intereses financieros. Texaco Petroleum cumplió con sus obligaciones; es hora ya de que Petroecuador haga lo mismo.
lunes, julio 12th 2010
Hace poco, una delegación liderada por el Frente de Defensa de la Amazonía viajó a Louisiana con el objeto de trazar un paralelo entre la demanda respaldada por abogados litigantes estadounidenses contra Chevron y el derrame de petróleo del Golfo de México.
No hay duda que la población en el Oriente enfrenta dificultades; sin embargo, no es legítimo hacer una comparación entre la situación provocada por el derrame en el Golfo de México y los temas discutidos en el juicio que se está dirimiendo en el Ecuador. Es decepcionante ver como el Frente de Defensa de la Amazonía (el beneficiario financiero designado en el juicio de Ecuador) y sus partidarios tratan de sacar ventaja de la tragedia que enfrenta la gente en el Golfo para legitimar su fraudulento juicio en contra de Chevron. Sin embargo, esto no nos sorprende, pues constituye el mismo tipo de manipulación y engaño que han hecho a través de los años, aprovechándose de las dificultades y sufrimientos de sus propios compatriotas en la región Amazónica.
De hecho, los problemas en el Oriente han sido exacerbados por el Frente de Defensa de la Amazonía, que se ha opuesto a los esfuerzos de Petroecuador de limpiar la región, lo cual daña los intereses de la misma gente que afirman representar.
Este mes se cumplen 20 años que Texaco Petroleum dejó de ser operador del consorcio controlado por el Estado ecuatoriano en Oriente. La firma dejó el Ecuador luego de completar una remediación ambiental que demandó una inversión de $40 millones de dólares y que, siendo aprobada por el mismo gobierno, liberó a la compañía de obligaciones futuras.
A partir de 1990, Petroecuador, el socio mayoritario en el consorcio con Texaco, ha sido el operador exclusivo de los campos petrolíferos y ha perforado 414 nuevos pozos, mientras acumulaba un terrible record ambiental. La petrolera estatal ecuatoriana ha reconocido su responsabilidad y ha iniciado su propia limpieza de la zona. Petroecuador planea remediar 370 piscinas, a un costo de 31.5 millones de dólares hasta 2013, y por el momento ha remediado 86 piscinas. Cabe mencionar que Petroecuador tiene la capacidad y la pericia requeridas, pero más que nada, cuenta con el apoyo del gobierno para completar esta tarea.
No obstante, los abogados litigantes de los Estados Unidos que están detrás del juicio en Lago Agrio entablado en contra de Chevron y el Frente de Defensa de la Amazonía han interferido en el programa de limpieza de Petroecuador. Estos han solicitado a la Corte detener la limpieza – no por su preocupación por el medio ambiente, sino por temor a que tal remediación pueda afectar el caso que mantienen en contra de Chevron.
En su lucha por defender su reclamo carente de todo fundamento, estos abogados y los representantes locales del Frente han hecho mucho daño al Ecuador en muchos aspectos. Han corrompido el juicio, no solo a través de maniobras mediáticas como la que realizaron en Louisiana la semana pasada, sino a través de la falsificación de informes periciales, la fabricación de evidencias, la presentación de demandas por salud sin fundamento alguno y la colusión con los peritos de la Corte. Este fraude en contra de las cortes del Ecuador, el gobierno del país y sus propios ciudadanos ha dañado la reputación internacional de la nación, en lo atinente a temas de corrupción e imparcialidad de la justicia.
Además del circo mediático de falsas acusaciones que han montado, estos abogados que están detrás del juicio en Lago Agrio son un obstáculo para las soluciones que los habitantes de Oriente merecen. Ya es hora de que dejen de lado sus propios intereses económicos.
lunes, mayo 24th 2010
Una firma que trabaja para los abogados de los demandantes admite haber mantenido un contacto directo con el autor de la, supuestamente independiente, evaluación de los daños ambientales, que estableció el pago de 27.000 millones de dólares. Distintas secciones del informe lo vinculan directamente con los demandantes.
Chevron Corp. (NYSE: CVX) ha revelado la existencia de nueva evidencia que probaría que Richard Cabrera, el supuesto “perito independiente” nombrado por la Corte ecuatoriana, quien afirma que Chevron debería pagar 27.000 millones de dólares por daños, ha tenido vínculos permanentes y secretos con los representantes de los demandantes y que gran parte del análisis solicitado por la Corte está basado en material que sólo podría haber sido suministrado por los representantes de los demandantes y por fuera del juicio. Nuevas pruebas indican que Cabrera permitió que sus asistentes, supuestamente independientes, trabajaran directamente con los abogados de los demandantes. El día viernes Chevron presentó documentos legales en el Ecuador en los cuales informó a la Corte sobre esta nueva evidencia de una falta de ética profesional.
“Esta prueba directa de fraude y vínculos con una de las partes sin audiencia de la otra, solamente demuestra aún más la ilegitimidad de la cifra ficticia de 27.000 millones de dólares que los abogados de los demandantes han inventado con el objeto de sacar dinero de Chevron y de sus accionistas”, afirmó Hewitt Pate, vicepresidente y asesor legal de Chevron. “A pesar de varios años de negativas de Cabrera y de los abogados de los demandantes, durante un procedimiento judicial llevado a cabo en los Estados Unidos, una de sus propias firmas consultoras admitió haber tratado directamente con el Sr. Cabrera. De igual manera, ahora sabemos que el propio Cabrera anteriormente había sido empleado por uno de los abogados de los demandantes en otro caso, antes de su designación para el caso en Lago Agrio, hecho que nunca habría relevado a Chevron o a la Corte de Lago Agrio”.
En su informe de daños elaborado en noviembre de 2008, Cabrera atribuyó toda responsabilidad por la contaminación y los impactos en la Amazonía ecuatoriana a Texaco Petroleum Company y al mismo tiempo absolvió totalmente a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador. En el 2007 Cabrera fue designado para desempeñarse como un perito de la Corte para llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y transparente de los efectos ambientales de las operaciones petroleras. En forma reiterada, afirmó bajo juramento que era independiente y que no tenía relación ni vínculo alguno con los abogados de los demandantes:
- En una declaración bajo juramente del 13 de junio de 2007, Cabrera afirmó “no tengo impedimento legal alguno y juro desempeñar mi función fielmente y de acuerdo con la ciencia, la tecnología y la ley, con absoluta imparcialidad e independencia respecto de las partes”.
- En una declaración bajo juramento del 23 de julio de 2007, Cabrera afirmó: “debo dejar en claro que no tengo ningún tipo de relación ni acuerdo con la parte demandante y considero un insulto a mi persona sugerir que estoy vinculado con los abogados de los demandantes”.
- En una declaración bajo juramente del 8 de octubre de 2008, Cabrera afirmó: “soy un hombre honesto que nada tiene que ocultar y mi conducta como perito en este caso ha sido lo más profesional, imparcial y objetiva posible, tal como lo refleja mi informe pericial”.
Sin embargo, la evidencia recientemente descubierta por Chevron y admitida por los consultores de los demandantes en las acciones judiciales demuestra que Cabrera violó sus deberes legales y trabajó directamente con los abogados y asesores de los demandantes:
- Los documentos presentados ante la Corte Federal de Colorado la semana pasada, revelaron que los consultores que trabajan para los abogados de los demandantes han mantenido comunicación directa con Cabrera, sin audiencia de la otra parte. Los abogados de Stratus Consulting pagaron a los consultores del juicio que trabajaron para los abogados litigantes estadounidenses que dirigieron y financiaron el caso Lago Agrio, además se retractaron de sus negativas anteriores y admitieron que “existieron comunicaciones entre Cabrera y dos representantes de Stratus”. En su informe de daños, Cabrera incorporó textos casi literales de los “estudios” ocultamente suministrados por empleados y subcontratistas de Stratus.
- La semana pasada, en otro procedimiento realizado ante la Corte Federal de Texas que buscaba pruebas relacionadas con 3TM Consulting, una firma subcontratista de Stratus, el juez a cargo del caso concluyó que de los registros se podía claramente colegir que “los demandantes suministraron a Cabrera una parte o la totalidad del informe de 3TM”, a pesar de que “aparentemente Cabrera niega que esto haya ocurrido”. No queda duda de que dicha colaboración viola la orden de la Corte de Lago Agrio de que Cabrera debía trabajar de manera independiente y “ser responsable por toda la información y conclusiones incluidas en el informe pericial”.
- Hace poco Chevron conoció que cuando fue designado por la Corte para el juicio en Lago Agrio, Cabrera ya trabajaba para Cristóbal Bonifaz, el abogado originalmente contratado por los demandantes (Bonifaz fue removido del caso de Lago Agrio y sancionado por presentar demandas falsas de cáncer contra Chevron ante una Corte Federal de California). En concreto, Cabrera operó como un perito de parte en el juicio (Arias contra DynCorp) que Bonifaz y otros abogados iniciaron ante la Corte Federal en Washington, D.C. a nombre de un grupo de demandantes ecuatorianos. Los demandantes de DynCorp afirmaron haber sufrido daños por la fumigación de herbicidas en la misma región del Ecuador por la que hoy se ventila el caso en contra Chevron. El informe de Cabrera sobre DynCorp indica que la exposición a tales herbicidas es la causa principal de los supuestos daños en la región. No obstante, en el caso de Chevron, el informe de Cabrera exclusivamente atribuye muchos de esos mismos daños a la supuesta exposición al petróleo. Cabrera nunca reveló su anterior relación con el abogado de los demandantes a la Corte de Lago Agrio, ni dio a conocer la existencia de su informe sobre DynCorp, el mismo que contradice partes relevantes de su informe supuestamente independiente en el caso contra Chevron.
- Los procedimientos judiciales que se tramitan ante la Corte Federal estadounidense, en los cuales Chevron busca pruebas ocultas de corrupción y falta de ética profesional captadas por el cineasta Joe Berlinger, también se han centrado en las pruebas de confabulación relativas al informe de daños de Cabrera. Distintos extractos de la película de Berlinger, Crude, muestran a los abogados de los demandantes Steven Donziger y Pablo Fajardo trabajando con Carlos Beristain, uno de los peritos supuestamente neutrales del equipo de Cabrera, en una reunión de grupo focal relacionada con la “encuesta de salud” supuestamente independiente realizada por Beristain. Cabrera se basa en la encuesta de Beristain para su evaluación de 9.500 millones de dólares por daños en los reclamos por “excesivo número de muertes por cáncer”. Paralelamente y por disposición de los abogados de los demandantes, Berlinger re-editó la versión de Crude en DVD, borrando esta parte para ocultar la participación de Beristain junto con los abogados. Sin embargo, la escena no editada permanece en una versión para Internet de la película dada a conocer recientemente. Esta prueba de confabulación respaldó el alegato exitoso de Chevron ante una corte federal de Nueva York de que otras secciones eliminadas de Crude deberían ser analizadas sobre otras pruebas de falta de ética profesional. En un fallo reciente, la Corte de Nueva York dictaminó que el hecho de que esta escena fuera cortada de la versión final del DVD por indicación de los abogados del demandante es un “es un hecho que sugiere un pleno conocimiento de actividades cuestionables”.“Las pruebas claramente confirman que las afirmaciones de Cabrera respecto de la neutralidad e independencia de la Corte ecuatoriana son falsas”, añadió Hewitt Pate, vicepresidente de Chevron. “La falta de ética de los abogados de los demandantes y de Cabrera constituye un fraude en contra de Chevron, del poder judicial ecuatoriano y del gobierno del Ecuador. Los tribunales estadounidenses han comenzando a sacar a la luz este fraude y las autoridades ecuatorianas deberían hacer lo mismo”.Con los documentos presentados ante la Corte de Lago Agrio Chevron busca la destitución de Cabrera como perito designado por la Corte, así como el rechazo de la totalidad de su trabajo. De igual manera, Chevron ha solicitado a la Corte iniciar una investigación completa sobre la conducta de Cabrera y la de los abogados de los demandantes para determinar el alcance de la confabulación y fraude que se han cometido.Chevron es una de las empresas líderes de energía integrada con subsidiarias que operan en todo el mundo y su éxito se debe al ingenio y compromiso de sus empleados y a la aplicación de las tecnologías más innovadoras en el mundo. La firma se ocupa de prácticamente todas las facetas de la industria energética y está dedicada a la exploración, producción y transporte de petróleo crudo y gas natural, así como a refinar, comercializar y distribuir combustibles y otros productos relacionados con la producción de energía. Además, se dedica a la fabricación y venta de productos petroquímicos, a la generación de energía y a la producción de energía geotérmica. Chevron brinda soluciones de energía eficiente y desarrolla recursos energéticos futuros, incluyendo los biocombustibles.
Chevron tiene su sede en San Ramón, California. Para obtener mayor información sobre Chevron, visite http://www.chevron.com/
lunes, mayo 3rd 2010
El Frente de Defensa de la Amazonía está de vuelta, intentando desviar la atención de las revelaciones que dan cuenta de que sus abogados presentaron informes periciales falsificados ante la Corte en Lago Agrio.
En la última arremetida, Karen Hinton, publicista del Frente, vuelve a enfocarse en el escándalo de soborno de $3 millones de dólares que involucró al juez que presidía el juicio en Lago Agrio, así como a las personas que se presentaban como miembros del Gobierno Ecuatoriano y del partido gobernante.
Después de intentos fallidos de cuestionar la autenticidad de la evidencia en video, el Frente ahora señala a un abogado externo de Chevron. En su ataque más reciente, los abogados del Frente acusan al asesor de Chevron de ocultar que Diego Borja, uno de los hombres que grabó las reuniones en las que se discutió el esquema de soborno, había realizado trabajos por contrato para Chevron en el pasado.
No obstante, cuando Chevron anunció que había suministrado copias de los videos a las autoridades de los Estados Unidos y del Ecuador, la compañía manifestó en un comunicado de prensa que “la evidencia de que se tramaba un soborno fue entregada a Chevron en junio de este año por un ciudadano ecuatoriano que buscaba oportunidades de negocio en el Ecuador junto con un empresario estadounidense. El ciudadano ecuatoriano, Diego Borja, ha realizado trabajos para Chevron como contratista en el área logística”.
Este hecho fue ampliamente difundido por los medios estadounidenses, como por ejemplo, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post y San Francisco Chronicle. En Ecuador, periódicos como El Comercio, El Universo, La Hora, Expreso y Hoy también informaron que el Sr. Borja había sido un contratista de Chevron.
El asesor legal de Chevron también le informó este hecho a la Corte en Lago Agrio en varios expedientes.
Diego Borja, en una declaración jurada presentada a las autoridades, también dio a conocer que se había desempeñado anteriormente como contratista para Chevron.
No queda claro por qué los abogados del Frente quieren seguir hablando sobre videos autenticados por el gobierno que describen mala conducta judicial, especialmente cuando Karen Hinton ha dicho que el Frente “tiene plena confianza en el sistema judicial ecuatoriano”. Pareciera que, a la luz de los hechos, esta posición es tan errónea como la idea de que el trabajo previo de Diego Borja como contratista es una especie de secreto.
Sin embargo, a la hora de tener que explicar por qué sus abogados presentaron informes periciales falsificados a la corte, quizás un soborno de $3 millones parece ser un mejor tema de conversación.
martes, abril 27th 2010
El Frente de Defensa de la Amazonía se ha apresurado en su intento de desacreditar una crítica del Columbia Journalism Review sobre el corto “60 Minutes” que dio cobertura a la demanda en el Ecuador. Así pues, la portavoz del Frente, Karen Hinton, ha malinterpretado el expediente de hechos referente a un sitio en particular, Shushufindi-38.
Shushufindi-38 entró en producción en 1974 y se cerró finalmente en 1984. Aquí termina la historia cuando la Sra. Hinton la cuenta. Sin embargo, su aseveración de que Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador, no tenía ninguna operación en el lugar después de 1992, es falsa.
El Frente pasa por alto el hecho de que en 1994, y después de haber expirado el Consorcio Petroecuador-Texaco Petroleum, Petroecuador convirtió Shushufindi-38 en un pozo de inyección, un tipo de pozo que devuelve subproductos de la producción de petróleo a las formaciones geológicas de donde provienen. De hecho, 119 páginas de registros de mantenimiento de Petroecuador demuestran que la actividad de Petroecuador en este sitio sigue en curso, hasta en fechas tan recientes como del año 2008. En noviembre de 2005, Petroecuador estaba realizando trabajos de mantenimiento en Shushufindi-38, el mismo día en que iba a ocurrir una inspección judicial. El Frente, estuvo presente durante la inspección y fue testigo de primera mano de las operaciones de Petroecuador, pero aún sigue proporcionando declaraciones inexactas.
Shushufindi-38 continúa operando en la actualidad. Sin embargo, ahí no termina la actividad de Petroecuador en el sitio. De hecho, al menos desde 2007, Petroecuador ha estado realizando trabajos de remediación en el sitio. ¿Por qué? Porque el sitio no fue asignado a Texaco-Petroleum como parte del programa de remediación de la empresa. Más bien, y como lo reconoce Petroecuador, la petrolera estatal es la única responsable de cualquier esfuerzo de remediación o tareas de limpieza necesarias en Shushufindi-38. El trabajo en curso en dicho sitio fue captado por un fotógrafo de Reuters a principios de este año.
Las misivas de la Sra. Hinton a los medios de comunicación acerca de Shushufindi-38 también apuntan a los hidrocarburos existentes en el pozo. La presencia de petróleo en un pozo activo de Petroecuador no debería de sorprender a nadie, además esto aclara el por qué Petroecuador está en proceso de limpieza del sitio. Por otra parte, el amplio y permanente mantenimiento de Petroecuador en Shushufindi-38 explica por qué los pozos de reserva en el sitio permanecieron activos y por qué contenían crudo fresco al momento de la inspección judicial.
De la misma forma, la Sra. Hinton ha insistido a los medios de comunicación sobre resultados científicos dudosos que, según los abogados demandantes, provienen del análisis de suelos en Shushufindi-38. Dejando a un lado las tergiversadas normas regulatorias del Frente, los resultados analíticos de los demandantes simplemente confirman lo que ya se sabe y que tiene sentido común – que Petroecuador debe completar su remediación en el sitio.
El Frente no está siendo sincero al negar más de 16 años de actividad de Petroecuador en Shushufindi-38. La verdad acerca de este sitio está bien documentada, y los trabajos de limpieza que está realizando Petroecuador, simplemente evidencian más que la petrolera estatal es responsable de la remediación de Shushufindi-38. El promover falsedades para influir en la opinión pública, como frecuentemente lo hacen el Frente y la Sra. Hinton, no ayuda a nadie, mucho menos a los habitantes de la Amazonía ecuatoriana. El Frente tiene que poner fin a su campaña de tergiversaciones, y confesar sobre Shushufindi-38, así como sobre su juicio sin mérito.
lunes, abril 26th 2010
Recuperándose aún de la revelación pública de que han presentado informes fraudulentos a la Corte en Lago Agrio, los abogados del Frente de Defensa de la Amazonía tratan de cambiar el tema de conversación. Sin embargo, lo único que han logrado es que empeore su situación.
El 20 de abril 2010 Karen Hinton, publicista del Frente, respondió a un editorial del Washington Times, crítico de la mala conducta de los abogados demandantes, diciendo: “los resultados de contaminación que la propia Chevron presentó ante la Corte Ecuatoriana muestran niveles ilegales de contaminación, peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, en los mismos sitios que Texaco dijo que había limpiado”. Esta declaración es falsa:
- Existe evidencia científica abrumadora que demuestra que la remediación de Texaco Petroleum fue efectiva y que cumple con los estándares aplicables establecidos por el Gobierno del Ecuador al momento de la remediación.
- El análisis científico independiente de todos los sitios remediados, realizados por técnicos que trabajan para el gobierno del Ecuador en el momento de la limpieza, corrobora aún más la eficacia de la remediación.
- Tras la remediación, los Fiscales Generales del Ecuador cuyas funciones pertenecieron a dos administraciones distintas, encargaron evaluaciones científicas adicionales en los sitios remediados por Texaco Petroleum. En ambos casos, los resultados científicos demuestran que la remediación de Texaco reunió y cumplió con los estándares aplicables.
Como base para sus reclamos, los abogados demandantes señalan un estándar de 1.000 partes por millón (ppm) de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en el Decreto 1215, un reglamento promulgado por el Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador en 2001. Aunque el Decreto 1215 fue destinado a regir los aspectos medioambientales de la producción de hidrocarburos, la Constitución ecuatoriana prohíbe la aplicación injusta y retroactiva de una norma de 2001 a una remediación completada en 1998. Por otra parte, el estándar de 1.000 ppm sólo puede ser aplicada al “patrimonio nacional de áreas naturales u otras áreas identificadas por su estudio ambiental correspondiente” – parques nacionales u otras zonas designadas como zonas protegidas. De ninguna manera los campos petrolíferos remediados entran en esta definición. Además, ni siquiera Petroecuador, la petrolera estatal del Ecuador, utiliza este estándar. Actualmente Petroecuador remedia por debajo de 2.500 ppm TPH (estándar de las tierras agrícolas del Decreto 1215) con el pleno consentimiento del Gobierno del Ecuador.
Al tratar de desviar la atención pública lejos de su propia mala conducta, el Frente y sus abogados están tratando de ocultar la verdad, reforzando su reputación de ser una fuente fácil de información falsa. De hecho, en lugar de explicar por qué los abogados del Frente presentaron informes falsificados a la Corte en Lago Agrio, la Sra. Hinton se pregunta por qué el ex-perito de los demandantes, el Dr. Charles Calmbacher, quien antes de su reciente declaración no sabía que los abogados demandantes habían presentado informes fabricados con su nombre, “espera 6 años para hablar”. Los hechos les resultan incómodos, y es hora de que los abogados con honorarios que están detrás del Frente pongan fin a su juego de distracción y respondan por su mala conducta en Lago Agrio.
miércoles, abril 21st 2010
En el lapso de una semana, el equipo técnico de Chevron ha descubierto dos nuevos derrames de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, zona de producción petrolera. Uno abarca tres hectáreas (7,4 acres) cerca de la estación productora Guanta de la petrolera estatal Petroecuador, en el corazón de la nacionalidad indígena Cofán. El otro afecta media hectárea (1,2 acres) en el campo Sacha, una zona operada por el consorcio Río Napo. El derrame está cerca del pueblo de San Carlos en donde los abogados de los demandantes afirman que el petróleo ha ocasionado un sinfín de problemas de salud.
Sin embargo, el Frente de Defensa de la Amazonía, Amazon Watch y Rainforest Action Network – los grupos que respaldan el juicio sin fundamentos contra Chevron – no se han manifestado al respecto. A pesar de declararse defensores del ambiente y de la gente de la región de Oriente de Ecuador, no ha habido ninguna expresión de agravio, ninguna denuncia de las empresas que operan en estas áreas, ningún comunicado de prensa, ninguna conferencia de prensa y, por supuesto, ningún juicio.
17 de abril de 2010: Foto con orientación noroeste. Vista general del derrame de Petroecuador.
17 de abril de 2010: Foto con orientación sureste que muestra un arcén que hace de dique para contener los fluidos como parte de las actividades de remediación realizadas por Petroecuador en la zona del derrame ubicada aproximadamente 1 km al norte de la estación productora de Guanta.
10 de abril de 2010: Actividades de remediación del reciente derrame de petróleo de Petroecuador desde la línea de producción cerca de San Carlos.
10 de abril de 2010: Actividades de remediación del reciente derrame de petróleo de Petroecuador desde la línea de producción cerca de San Carlos.
Localización de Derrames de Crudo Ocurridos Recientemente en el área de la Antigua Concesión Petroecuador-Texpet
No obstante, este comportamiento es coherente con el patrón actual de ignorar la conducta de Petroecuador y de oponerse a los esfuerzos de limpieza de Petroecuador. Dado su historial, valdría preguntarse si estos abogados y activistas son realmente defensores del ambiente y de los pueblos indígenas que afirman representar.
Bien podría ser que el Frente de Defensa de la Amazonía, Amazon Watch y Rainforest Action Network están realmente más interesados en sacarle todo el dinero que puedan a Chevron, más que en limpiar la Amazonía.
viernes, abril 16th 2010
En una moción presentada a la Corte Provincial de Sucumbíos en Lago Agrio el 14 de abril del corriente, Chevron solicitó que se impugnaran dos informes fraudulentos presentados por los abogados de los demandantes en el juicio ambiental contra la empresa, alegando la presencia de contaminación peligrosa en pozos petroleros de la Amazonía. Asimismo, la empresa exigió que se realizara una investigación exhaustiva y transparente del fraude perpetrado por los abogados de los demandantes, quienes presentaron informes contrapuestos a las conclusiones del Dr. Charles W. Calmbacher –perito de los demandantes durante inspecciones judiciales en 2004– sin su conocimiento ni autorización, utilizando su firma de manera fraudulenta.
Lea la moción, el boletín de prensa y la declaración del experto Calmbacher en español.
jueves, marzo 11th 2010
El jueves, un juez de EE.UU. accedió a la petición de Chevron de desestimar la moción del Gobierno del Ecuador, la cual intentaba bloquear la demanda de arbitraje internacional que la compañía interpuso en su contra. En su decisión, el juez Leonard Sand se negó a intervenir el arbitraje, indicando en su sentencia que, “es inapropiado impedir el arbitraje”.
A Chevron le complace que el arbitraje apoyado en el Tratado Bilateral de Inversiones puede proceder. Chevron busca que el Ecuador y la empresa estatal de petróleo, Petroecuador, cumplan con su promesa de completar la remediación ambiental en el Amazonas.
Texaco Petroleum, de acuerdo a su compromiso, hizo su parte de la remediación; ahora, Petroecuador necesita cumplir con su parte y hacerle frente a los problemas ambientales que incorrectamente se le atribuyen a Chevron.
Sólo un panel de arbitraje puede traer a Petroecuador a la mesa y obligarla a que haga lo correcto y limpie sus campos petroleros. Con la decisión de la Corte de hoy día, estamos un paso más cerca de que esto se haga realidad.
martes, marzo 2nd 2010
Un experto trabajando para el Consejo de la Judicatura de Ecuador presentó un informe que indica que las cintas de video que Chevron entregó al Gobierno ecuatoriano y al Departamento de Justicia de Estados Unidos son auténticas y no tienen alteraciones.
A finales de agosto del año pasado, estos videos revelaban que el juez Juan Núñez, quien entonces presidía el juicio contra Chevron en Ecuador, había prejuzgado el caso (a pesar de que la evidencia todavía seguía presentándose, y los argumentos finales no se habían pronunciado), y se vio implicado en un plan de soborno de $ 3 millones.
El juez estaba dispuesto a hablar acerca de su decisión con un empresario (Hansen) que buscaba contratos de remediación posteriores al veredicto. La siguiente es una transcripción de la conversación:
- Núñez: “¿Alguna otra pregunta para mí como juez?”
- Hansen: “Ah, no, yo, yo sabe clara cómo es, usted dice, Chevron es el culpable.”
- Núñez: “Sí, señor.”
- Hansen: “Y el, el, el acto es octubre, noviembre de este año?”
- Núñez: “Sí, señor.”
- Hansen: “¿Y es de?”
- Núñez: “Máximo hasta enero.”
- Hansen: “Enero del 2010. ¿Y de dinero es de veintisiete (mil millones de dólares)?”
- Núñez: “Puede ser menos, como puede ser más.”
Después de analizar los videos de las conversaciones, el experto encontró que:
1. Los videos eran auténticos y que no mostraban ninguna evidencia en absoluto de cualquier tipo de manipulación.
2. Se demostró, con evidencia científica, que los videos contenían las voces, sin alteraciones, de supuestos funcionarios de gobierno y otras personas que participaron en las reuniones.
Por lo tanto, el análisis pericial desacredita del todo las declaraciones emitadas por los abogados de los demandantes y por el juez Juan Núñez, quienes intentaron encubrir estas violaciones al sistema judicial. El juez Núñez insistió en el Wall Street Journal que podía “ver cosas que habían sido borradas”, y que alguien “cortó y pegó ciertas cosas.”
Los representantes de los demandantes, queriendo poner en duda la autenticidad de los videos, también insistieron en que estos habían sido alterados digitalmente.
El informe del experto destaca además la conducta impropia por parte del juez Núñez, así como de individuos afiliados al partido político oficialista del Ecuador. Hasta la fecha, el juez Núñez no ha sido sancionado por su mala conducta, y sus resoluciones anteriores en el juicio contra Chevron siguen siendo parte del proceso.
viernes, enero 15th 2010
El gobierno del Ecuador y los abogados litigantes estadounidenses a cargo del juicio se han confabulado en un nuevo intento para obtener de Chevron USD27.000 millones.
Fenton Communications, la agencia de relaciones públicas a la que el gobierno del Ecuador pagó USD30.000 por mes para “pulir” la imagen pública del presidente Rafael Correa en los Estados Unidos, y para cabildear al congreso estadounidense en su nombre, está ahora implicada con los abogados litigantes quienes están tratando de obtener dinero de Chevron Corporation.
El 13 de enero, la firma RR PPs del Presidente Correa emitió un comunicado de prensa con el objeto de desprestigiar, con falsas acusaciones, al nuevo presidente y director ejecutivo de Chevron, John Watson, a pocos días de asumir su cargo. A tal efecto, Fenton se asoció con Amazon Watch, un grupo activista basado en San Francisco, el que a su vez está asociado con el Frente de Defensa del Amazonía (FDA) y al cuál le ha donado al menos USD67.889. El FDA es el principal beneficiario financiero en el juicio ambiental contra Chevron en el Ecuador.
The New Yorker describió a Fenton Communications como “una empresa que el gobierno del Ecuador contrató para ayudar a Correa a limpiar su imagen en los Estados Unidos”, mientras que el propio sitio web de la agencia promociona su “estrategia” para impulsar los beneficios comerciales para el Ecuador en Washington, D.C. en los últimos años.
Abiertamente y en repetidas ocasiones, el Presidente Correa ha tomado partido con los demandantes de Chevron. Esta nueva información revela lazos aún más estrechos entre aquéllos que han hecho acusaciones fraudulentas en contra de Chevron y el supuestamente “imparcial” gobierno ecuatoriano.
Este suceso también reitera el hecho de que Chevron no puede recibir un juicio justo en el Ecuador. Está claro que el gobierno ecuatoriano, sus consultores y las organizaciones activistas asociadas, están impulsando un proceso ilegítimo en la corte que probablemente dará lugar a un veredicto injusto y sin fundamentos en contra de Chevron.
jueves, diciembre 17th 2009
Abogados litigantes de los Estados Unidos que representan a 48 demandantes ecuatorianos (y no a 30.000 como se alega) intentan lograr que Chevron sea responsabilizado por el pago de más de 27 mil millones de dólares. Sorprendentemente, esta astronómica cifra no ha sido cuestionada; sin embargo debemos preguntarnos qué es lo que realmente está detrás de una cifra que es diez veces superior al costo de remediación de Kuwait luego de la Guerra del Golfo.
En primer lugar, debemos considerar la manera en que se origina; la cifra de 27 mil millones de dólares fue presentada por Richard Cabrera, un ingeniero en minas que carece de la experiencia necesaria en remediación petrolera. Cabrera fue nombrado por la Corte para evaluar un probable daño ambiental en la antigua área de la concesión del consorcio Petroecuador-Texaco, y de probarse su existencia, determinar la causa y los trabajos requeridos para remediar tal daño. Además de no estar debidamente calificado para realizar esta tarea, Cabrera ignoró las instrucciones de la Corte y, de manera indebida, excedió el alcance de sus funciones al inventar categorías de daños que no guardan relación ni con los temas incluidos en la demanda, ni con la remediación ambiental. Como es lógico suponer, su nombramiento fue ampliamente apoyado por los representantes de los demandantes, quiénes en última instancia, pagaron a Cabrera directamente más de 200.000 dólares por su trabajo, aunque se suponía que Cabrera estaba trabajando para la Corte como perito “independiente”. Sin embargo, quizás aún más sorprendente es el hecho de que Cabrera estableció su equipo técnico con representantes de los demandantes y que partes de su “informe independiente” fueron desarrolladas por organizaciones afines a los demandantes [clic aqui] y [aqui].
A continuación se presenta un desglose del fraude realizado por Cabrera:
Remediación de piscinas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (2.743 millones de dólares)
Petroecuador ha reconocido públicamente su responsabilidad por la remediación de todas las piscinas petroleras que guardan relación con sus casi 40 años de operaciones en el Oriente ecuatoriano, incluyendo todas las piscinas pendientes de remediación que se encuentran en la antigua área de la concesión. En 2005 Petroecuador inició un programa de remediación a un costo de 121 millones de dólares, al que se denominó Proyecto de Eliminación de Piscinas en el Distrito Amazónico (PEPDA), con el fin de completar el cierre de todas las piscinas y áreas de derrame, así como otras áreas afectadas, de conformidad con los estándares y regulaciones vigentes en el Ecuador en el 2010. A diciembre de 2007, el PEPDA había iniciado y/o completado la remediación de más del 40% de las 370 piscinas abiertas que habían sido identificadas en la antigua área de concesión y que fueran inspeccionadas y aprobadas por la Dirección Nacional de Protección Ambiental, DINAPA, la agencia gubernamental regulatoria. Bajo un nuevo programa denominado Unidad de Mitigación y Remediación UMR, un programa sucesor del PEPDA, Petroecuador mantiene su compromiso de completar la remediación de todas las piscinas y áreas de derrame en el Oriente ecuatoriano en los próximos años.
En el caso de Chevron, los demandantes afirman que las piscinas petroleras de la región oriental constituyen un grave riesgo para los residentes en la localidad y para el medio ambiente, y exigen que Chevron, cuya subsidiaria Texaco Petroleum fue socia minoritaria de Petroecuador hace más de 20 años, pague a los demandantes los costos de remediación. Sin embargo, los demandantes no consideran que estas mismas piscinas ya han sido remediadas por Petroecuador o que serán remediadas en un futuro próximo por la compañía estatal petrolera ecuatoriana. De hecho, Pablo Fajardo, el principal abogado de los demandantes, ha protestado por el programa de limpieza de Petroecuador, aduciendo que “está modificando el juicio” y “ocultando” evidencia. En octubre de 2007, Fajardo envió una carta formal a la Corte, en la que exigía que se detuviera el proceso de remediación.
Casualmente, el cálculo de 2.743 millones de dólares requeridos para la remediación de piscinas que fuera presentado por Cabrera, es 150 veces más alto que el presupuesto de 18 millones de dólares requeridos por Petroecuador para realizar este mismo trabajo; este estimativo se basa en un costo unitario extremadamente inflado (más de 36 veces el costo actual de remediación por piscina reportado por Petroecuador), así como un cálculo exagerado del número de piscinas (más de cuatro veces el número actual de piscinas pendientes de remediación en la antigua área de concesión).
Remediación de aguas subterráneas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (3.236 millones de dólares)
Cabrera llega a este monto sin ninguna evidencia que corrobore su valoración de los daños. No tomó NINGUNA muestra de los ríos, arroyos, pozos, o fuentes de agua potable. Su puñado de “muestras de aguas subterráneas” supuestamente tomadas en la antigua área de concesión, en realidad provienen de perforaciones hechas dentro del área de las piscinas y de ninguna manera son representativas de lo que los geólogos o hidrólogos considerarían como agua subterránea.
Construcción de un Sistema de Salud: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (480 millones de dólares)
Aunque el tema de salud es un problema extremadamente preocupante en la región debido a la contaminación generalizada del agua de consumo con material fecal, la construcción de un sistema de salud es claramente un asunto que no es de responsabilidad de Chevron. Más aún, éste nunca ha sido parte del litigio. Julio Prieto, abogado de los demandantes, subrayó este hecho en una entrevista reciente en Radio Majestad, cuando dijo “en nuestra demanda no hemos incluido ningún pedido en particular sobre el tema de salud”.
Este problema es responsabilidad exclusiva del gobierno del Ecuador, ya que promovió una migración masiva a la región y no suministró los servicios sanitarios más elementales tales como el tratamiento de aguas servidas.
Impactos en las poblaciones indígenas: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (430 millones de dólares).
El número poblacional de todos los grupos indígenas de la región ha crecido considerablemente desde el descubrimiento del petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Mientras tanto, la deforestación y la incursión de los migrantes a las tierras indígenas fue el resultado directo de la política de colonización del Estado ecuatoriano y no del desarrollo de la actividad petrolera. Cuando se iniciaron las actividades de explotación petrolera en la década de los 60, la población de la región alcanzaba aproximadamente los 25 mil habitantes, distribuidos básicamente entre nativos y misioneros. Hoy en día, la región está catalogada como una de las zonas de crecimiento más rápido en el Ecuador, y alberga a más de 300 mil habitantes, quienes, con el auspicio del gobierno, han convertido a la región selvática en tierras agrícolas.
Construcción de un sistema de agua potable: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (428 millones de dólares).
En la región existen numerosos sistemas de agua potable; sin embargo Cabrera no tomó ninguna muestra de éstos. De igual manera, Cabrera no tomó muestras en los ríos, arroyos o pozos del sector; por lo tanto, cabe preguntarse ¿cómo afirma que hacen falta más sistemas de agua potable? Pero lo más importante es: ¿Cómo justifica su afirmación de que Chevron debe ser responsabilizado por haber causado un problema en la provisión de agua potable en toda la región, cuando el principal problema radica en la contaminación bacterial del agua y no en una contaminación por hidrocarburos?
Infraestructura de Petroecuador: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (375 millones de dólares)
El gobierno y el Estado ecuatoriano obtuvieron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias durante los 20 años de funcionamiento del anterior consorcio, mientras que Texaco Petroleum ganó 490 millones de dólares. El contrato de la compañía expiró en 1992 y ésta dejó el Ecuador, luego de completar satisfactoriamente un programa de remediación y de llevar a cabo varios programas sociales, así como de mejorar el equipo petrolero, en cumplimiento con un acuerdo con el Estado ecuatoriano. Durante dos décadas Petroecuador ha sido el operador exclusivo de los campos petroleros incluidos en la antigua área de concesión y ha obtenido el 100 por ciento de un cálculo aproximado de 50 mil millones de ganancias adicionales. Por lo tanto, al haber ganado alrededor 75 mil millones de dólares ¿no debería ser Petroecuador quien mantenga, reemplace y construya su propia infraestructura?
Número excesivo de muertes por cáncer: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (9.527 millones de dólares)
Ni Cabrera ni los abogados de los demandantes han presentado en ninguna ocasión a la Corte de Lago Agrio el nombre de una sola víctima de cáncer; ni un solo informe médico, o certificado de defunción que sustente su reclamo. Más aún, las estadísticas oficiales de mortalidad por cáncer en el Ecuador no sólo revelan que las aseveraciones de Cabrera son falsas, sino que las tasas de cáncer en la región petrolera son más bajas que en las regiones no productoras de petróleo en el país. Finalmente, la única ocasión en que un abogado de los demandantes presentó demandas concretas por cáncer (ante la Corte Federal de San Francisco), éstas fueron desestimadas luego de que Chevron probara su falsedad. El abogado, quien también iniciara el caso en Lago Agrio, fue multado con 45 mil dólares y sancionado por haber fabricado tales acusaciones.
Deforestación en la zona de las estaciones, pozos y carreteras: Compensación sugerida en el informe de Cabrera (875 -1.697 millones de dólares)
El gobierno del Ecuador exigió al consorcio la construcción de carreteras en la región, a fin de facilitar el programa de colonización promovido por el Estado. Más aún, la extensión total de la red de las actuales operaciones petroleras en la antigua área de concesión asciende aproximadamente a 6,8 kilómetros cuadrados y, si se incluyen las carreteras, ésta alcanza un poco más de 44 kilómetros cuadrados. Este es un dato importante a considerar pues se trata de un área de concesión con una extensión total de 4.429 kilómetros cuadrados en la que se produjeron aproximadamente 25 mil millones de dólares en ganancias para la República del Ecuador.
Enriquecimiento ilícito: Compensación sugerida (8.421 millones de dólares)
Los datos del Banco Central del Ecuador verifican que Texaco Petroleum ganó la suma de 490 millones de dólares, mientras que la República del Ecuador recibió a través de impuestos, regalías, subsidios al mercado interno, dividendos provenientes de la participación mayoritaria de Petroecuador, así como otras rentas, un total aproximado de 25 mil millones de dólares durante los 20 años de duración del consorcio.
Los problemas que se presentan en el trabajo de Cabrera no se limitan a las absurdas recomendaciones que hace para la supuesta solución de los problemas. Los mismos informes están plagados de errores matemáticos y científicos. En varias ocasiones simplemente inventa las pruebas; mucha de la “evidencia” fue recolectada con la ayuda del equipo técnico de los mismos demandantes. Copió en sus informes secciones completas del texto de los expedientes presentados por los demandantes ante la Corte para justificar algunas de sus más descabelladas aseveraciones, tales como sus acusaciones sobre los casos de cáncer, o sus montos estimados para los trabajos de remediación. Cabrera no hace referencia alguna a la responsabilidad de Petroecuador por los problemas ambientales existentes en la región, a pesar de que la compañía estatal tenía una participación mayoritaria del 62.5% en el antiguo consorcio; tampoco menciona su condición de operador exclusivo de las actividades petroleras en la región por más de 20 años.
Cabrera además, no reconoce la inversión de 40 millones de dólares que realizó Texaco Petroleum en un programa de remediación, el mismo que guarda estricta relación con su tercio de participación en el consorcio. De igual manera, Cabrera omite mencionar el hecho de que el gobierno y Petroecuador en 1998 otorgaron a la compañía una liberación por toda demanda o reclamo futuro. Finalmente, el perito nombrado por la Corte no parece darse cuenta de que los demandantes están enjuiciando a Chevron estrictamente por costos de remediación ambiental. Por lo tanto, uno no puede dejar de preguntarse “¿cómo una corte que cumple con la ley, y que es justa e independiente, puede permitir que tales cálculos y demandas sean tomadas como base para pronunciar una sentencia?” La respuesta no puede ser otra que “una corte que cumple con la ley, es justa e independiente, no tomaría en cuenta tales inventos y falacias”.
jueves, diciembre 10th 2009
“Será muy costoso realizar la limpieza, pero mucho menos que las ganancias que obtuvieron en Ecuador”. – Steve Donziger, principal abogado litigante. Commondreams.org: 29/10/09.
Las matemáticas del Sr. Donziger finalmente están funcionando, quizá; sin querer ha expuesto uno de los aspectos más fraudulentos del juicio de Ecuador – la recomendación de exigir daños y perjuicios por USD27.000 millones, conocida como el “Informe Cabrera”.
La evaluación realizada por los representantes de los demandantes y presentada al tribunal por el ingeniero en minas, Richard Cabrera, parece hacer responsable a Chevron por más de USD27.000 millones en concepto de daños y perjuicios. En una parte de su dudoso reclamo de USD27.000, Cabrera recomienda que Chevron pague daños por USD27.430 millones para la remediación de los pozos. Por otra parte, Petroecuador, la compañía petrolera estatal que es responsable del estado actual de los yacimientos petrolíferos de Ecuador, realiza la remediación de los pozos, según las leyes y estándares actuales, a un costo de USD85.000 por pozo. Los cálculos de Cabrera implican una remediación de los pozos de hasta USD3 millones por pozo. Esta recomendación es más de 30 veces superior al costo de lo que paga el Estado para la remediación de pozos.
Entretanto, Texaco Petroleum obtuvo una ganancia inferior a USD500 millones durante los días del consorcio. La mayor parte de los beneficios, aproximadamente USD25.000 millones, fueron para el gobierno de Ecuador. Cuando finalizó el consorcio, Texaco Petroleum realizó el trabajo de remediación en 108 de los 321 pozos – el 37,5% que le correspondía a la empresa por su participación en el consorcio. La remediación restante es responsabilidad de Petroecuador.
Por consiguiente, no importa cómo se mire, el Sr. Donziger finalmente ha admitido la verdad sobre los costos de remediación. Cualquier evaluación realista de la condición de Ecuador muestra claramente que el trabajo de remediación del cual Petroecuador es responsable costaría una fracción de lo que el Sr. Donziger y sus colegas ha sostenido. Ahora si únicamente concentraran sus esfuerzos en la parte responsable, en vez de querer llenar sus bolsillos, entonces podría lograrse alguna solución.
miércoles, diciembre 9th 2009
“Este juicio comenzó en los Estados Unidos y está financiado por una firma de abogados.” – Julio Prieto, abogado de los demandantes.
En una entrevista del 7 de diciembre con la estación de radio ecuatoriana Majestad, el abogado de los demandantes, Julio Prieto
menciona a una firma de abogados que financia el actual juicio ambiental en contra de Chevron en Ecuador.
La firma mencionada es Kohn, Swift & Graf PC de Filadelfia, la principal entidad que financia la mayor parte del juicio, sino todo, contra Chevron.
Cuando el abogado litigante de EE.UU., Cristóbal Bonifaz, tramó por primera vez el juicio original en contra de Texaco en 1993, contactó a Harold Kohn, un abogado de demanda colectiva de Filadelfia. Poco tiempo después, se sumó el hijo de Kohn, Joe, quien luego se convirtió en socio en Kohn Swift & Graf. Posteriormente, Kohn incorpora a Steven Donziger, un abogado litigante de Nueva York que fue a la Universidad de Leyes con el hijo de Bonifaz.
Cuando se le preguntó sobre su motivación para tomar el caso en contra de Chevron en la película Crude, Joe Kohn sinceramente afirmó, “no fue tomado como un caso gratuito, gran parte de mi motivación es que al final del día … este será un caso lucrativo para la firma.”
Como parte de Kohn, Swift & Graf financió la campaña de RRPP para tomar como rehén la reputación de Chevron y pedirle a la compañía una gran suma de dinero para su restitución; Kohn contrató a un cabildero de DC Ben Barnes para ejercer presión en el Congreso de EE.UU. sobre “asuntos ambientales que surgen de la explotación de petróleo en Ecuador”. Barnes luego contrató a la representante de RRPP de DC Karen Hinton para difundir información errónea y distorsionar los hechos del caso.
Años de información errónea y distorsión difundida por abogados litigantes de EE.UU. y sus cómplices de RRPP condujeron al público y a los medios a creer que 30,000 indígenas del Amazonas están detrás del juicio, y que toda recompensa financiera de un fallo o veredicto iría a los pueblos indígenas de Oriente.
No obstante, la verdad nos dice una historia distinta. La firma de Kohn ha coordinado una serie de relaciones económicas y políticas entre el gobierno ecuatoriano, abogados litigantes de EE.UU., y grupos activistas a fin de ejercer presión en una pequeña sala rural de un tribunal en Lago Agrio, Ecuador, a fin de encontrar a Chevron culpable en un juicio ambiental. Toda recompensa financiera como resultado de un fallo o sentencia en contra de Chevron iría sin duda solamente al gobierno ecuatoriano y a los abogados con honorarios condicionales que impulsan este juicio frívolo. En realidad, el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, confirmó que “el 90% [de cualquier sentencia en contra de Chevron] sería destinado al Estado …”
Una cosa es cierta, Chevron seguirá luchando por este erróneo y falso juicio hasta que se haga valer la justicia.
martes, diciembre 8th 2009
Una editorial reciente de Los Angeles Times sobre las preferencias comerciales de Ecuador con los Estados Unidos curiosamente ignora la evidencia de la hostilidad de Ecuador y erróneamente afirma que Chevron está exigiendo terminar con los beneficios con los que goza Ecuador en virtud de Ley de Preferencias Comerciales Andinas. Mientras que varias organizaciones exigen “frenar el acuerdo comercial” con Ecuador, Chevron no. Chevron sugiere que los países no deberían recibir gratificaciones de manera incondicional con beneficios comerciales unilaterales aún cuando burlan obligaciones comerciales con los Estados Unidos. Debido a que Ecuador ha tomando algunas medidas para perjudicar normas de inversión y de comercio, Chevron está reclamando que Ecuador recibe un trato diferente a Perú y Colombia, los otros dos países incluidos en la ley de comercio andina. Chevron está exponiendo las distintas maneras en las que el Congreso y el gobierno estadounidense tratan a Ecuador, incluidas las revisiones estatutarias periódicas y el límite de preferencias a entidades y firmas privadas en Ecuador, no a entidades que son propiedad del gobierno, tales como la empresa petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador.
El señalamiento que hace Los Angeles Times en cuanto a que Ecuador ha “demostrado su deseo de trabajar con EE.UU.” no refleja lo que realmente está sucediendo con la relación bilateral. Solo en el último año, Ecuador ha tomado una serie de medidas que demuestran su hostilidad hacia los intereses estadounidenses. Por ejemplo, expulsó a los Estados Unidos de una base área que se ocupó de tareas antidrogas durante al menos una década. También fue el segundo país de la historia (después de Bolivia) en retirarse del cuerpo para la resolución de disputas internacionales compuesto por 156 miembros, después de referirse a él como “una atrocidad” que “simboliza el colonialismo” y “la esclavitud …a Washington.” Además anunció su intento de retirarse de los tratados de inversión con los Estados Unidos y una docena de otros países, y propuso un plan de acción para utilizar derechos de propiedad intelectual de los Estados Unidos sin permiso. La situación en Ecuador ha empeorado tanto que en noviembre, Transparency International consideró a Ecuador uno de los gobiernos más corruptos de América, con una calificación inferior a 27 de los 31 países del hemisferio y de 146 de los 180 países de todo el mundo.
En una época, Ecuador fue un aliado de EE.UU. que respetaba la ley, pero no fue así en los últimos años, y su tratamiento con los inversores estadounidenses y sus obligaciones respecto de asuntos de inversión y contractuales reflejan tal cambio. El gobierno de EE.UU., Transparency International y el Banco Mundial, todos muestran serias preocupaciones con el sistema judicial de Ecuador y su respeto por la ley. A diferencia de lo que afirma la editorial, Chevron no le está pidiendo a los Estados Unidos forzar un resultado favorable en el caso. Solicita una audiencia justa, con la esperanza de que Ecuador respete sus obligaciones contractuales y la consideración de las acciones de Ecuador respecto de tratados y pautas de inversión y comercio bien establecidas.
Chevron ha respaldado, por mucho tiempo, el programa de preferencias comerciales. Sin embargo, creemos que ampliar las preferencias comerciales unilaterales debería conllevar algún tipo de reconocimiento de que los países receptores deben acatar el principio de derecho y las obligaciones de inversión y comercio. Esperamos que los legisladores de EE.UU. y los escritores de editoriales de Los Angeles Times crean en este mismo criterio.
sábado, diciembre 5th 2009
“Al comenzar el arbitraje, es Chevron el que está tratando de escapar a su compromiso,” – Eric Bloom, abogado que representa al Gobierno de Ecuador
Por el contrario, la demanda de la República de Ecuador en contra de Chevron en el Distrito Sur de Nueva York, es frívola en muchos aspectos, al igual que el juicio en contra de Chevron en Ecuador. Ambas están basadas en la idea ficticia de que Chevron acordó en 2001 presentarse a la jurisdicción de los tribunales de Ecuador. Pero Chevron, que de ninguna manera estaba involucrado en los procedimientos en 2001, nunca asintió nada; y Texaco nunca aceptó someterse a la jurisdicción en Ecuador para enfrentar los reclamos fabulados, tribunales con preferencias, y procedimientos corruptos que se están realizando en su contra, por parte del gobierno de Ecuador.
Es exactamente por eso que Chevron inició su arbitraje sobre el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI). Los argumentos planteados por la República en su juicio de Nueva York ignoran estas verdades básicas y no son fundamento descartar el arbitraje. Dada la extensa lista de reclamos de arbitraje internacional por la repetida indiferencia de Ecuador de sus obligaciones legales y los derechos de los inversionistas en su país, no es de sorprender que Ecuador buscara evadir otra opinión por un panel internacional honesto.
jueves, noviembre 5th 2009
Los abogados litigantes estadounidenses a cargo del juicio ambiental en el Ecuador afirman que Chevron, una empresa que nunca operó en el Ecuador, es de alguna manera responsable de la situación actual por la mala gestión ambiental de Petroecuador. Asimismo, al confrontarse con el desempeño irresponsable de Petroecuador durante las últimas dos décadas, los abogados reclaman que la contaminación de Petroecuador es responsabilidad de Chevron porque (tal como lo expresaron ellos) Petroecuador “heredó” un “sistema de producción deficiente” de Texaco Petroleum.
Tales reclamos son absolutamente falsos.
(1) Está comprobado que Texaco Petroleum, actualmente una subsidiaria de quinto nivel de Chevron, operó en el Ecuador como un socio minoritario de la empresa estatal Petroecuador. Todas las decisiones del consorcio fueron tomadas conjuntamente por Petroecuador, el gobierno del Ecuador y Texaco Petroleum. El sistema del que Petroecuador se hizo cargo por completo en 1992 se construyó de acuerdo con las reglamentaciones aplicables ecuatorianas y con las prácticas del sector, aún vigentes en muchas partes del mundo.
(2) En las últimas dos décadas, Petroecuador destinó más de mil millones de dólares a duplicar la cantidad de pozos en el área de concesión. A efectos de aumentar la producción de petróleo, Petroecuador ha perforado más de 400 pozos, lo cual representa un costo mayor a $1.200 millones y realizó miles de remodelaciones (250 a un costo aproximado de $170.000 cada uno en 2009). Sin embargo, Petroecuador gastó poco en prevención contra corrosión y en mantenimiento, tareas que son clave para prevenir los derrames de petróleo. También continúan utilizando pozos sin revestir, habiendo construido al menos 270 pozos (más del 90% de estos están ubicados en la antigua área de concesión) en los últimos tres años.
A principios de los 90, después de que el gobierno del Ecuador tomó la decisión de no renovar el contrato de concesión, Texaco Petroleum gastó $40 millones en la remediación de su participación en las operaciones del consorcio. En ese entonces, el gobierno del Ecuador dio por finalizada esta remediación y liberó a Texaco de responsabilidad ante cualquier reclamo futuro. Petroecuador ha reconocido reiteradamente que era su responsabilidad remediar el resto de los yacimientos en el área de concesión incluidos “todos los pozos.”
Desde que asumió el control total de las operaciones de los yacimientos petrolíferos de Oriente, las operaciones de Petroecuador han generado más de 1.200 millones de barriles de petróleo crudo y 260 millones de pies cúbicos de gas natural, lo que representa un valor de mercado de más de $57.000 millones. Mientras que la empresa ha destinado recientemente más de mil millones de dólares a perforar nuevos pozos para maximizar las utilidades del petróleo, han destinado poco dinero a la remediación ambiental y a los proyectos socioeconómicos en el área. La falta de gasto destinado al mantenimiento y adecuadas medidas preventivas contra los derrames ha dado como consecuencia flujos y oleoductos colapsados, lo cual generó un registro deplorable de derrames de petróleo.
A pesar de la constante contaminación de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch ha puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de remediación de Oriente. Cuando Petroecuador comenzó a remediación los pozos en el2006, el Frente de Defensa de la Amazonía exigió que la empresa detuviera sus planes de remediación tan esperados ya que estos esfuerzos estaban “alterando el juicio.”
Si bien los abogados litigantes de los Estados Unidos y sus socios constantemente describieron la mala gestión ambiental de Petroecuador como responsabilidad de Chevron, no cabe duda de que no es así. Los hechos son claros – Texaco Petroleum actuó con responsabilidad y realizó la remediación de la parte que le correspondía por el consorcio hace años, mientras que el gobierno del Ecuador y Petroecuador han preferido sacar rédito de la administración ambiental.
jueves, octubre 29th 2009
Una serie de relaciones complicadas entre el gobierno ecuatoriano, los abogados litigantes estadounidenses y los grupos de activistas muestran los sólidos vínculos políticos y económicos que existen para presionar al pequeño tribunal de Lago Agrio en Ecuador, para que Chevron sea declarado culpable en el juicio ambiental.
Este diagrama interactivo destaca estas relaciones y ofrece un examen de las fuerzas detrás del juicio. Muestra que el caso legal contra Chevron en Ecuador es un esfuerzo coordinado por los abogados litigantes de EE.UU. y las ONG activistas que trabajan con el poder ejecutivo de Ecuador para influir en el poder judicial ecuatoriano a fin de garantizar una sentencia condenatoria contra Chevron.
Haga clic aquí para ver esta red de influencia.
viernes, octubre 23rd 2009
Se está acusando a Chevron de una situación que es de exclusiva responsabilidad del gobierno ecuatoriano y de Petroecuador.
Petroecuador, la empresa petrolera estatal del Ecuador, fue el socio mayoritario en el consorcio con Texaco Petroleum. Hoy, Petroecuador aún posee y opera los yacimientos petrolíferos en la antigua área de Concesión como así también otros yacimientos en el Amazonas. Petroecuador se hizo cargo de las operaciones del consorcio en 1990 y se transformó en el único propietario de los yacimientos y de las instalaciones de dicho consorcio cuando el contrato de concesión de Texaco Petroleum venció en 1992. Desde ese momento, Petroecuador ha desempeñado una mala administración operativa y ambiental, ampliamente evidente por varias razones; entre ellas una corrupción muy generalizada, falta de inversión en equipos e instalaciones, así como también un deficiente mantenimiento y numerosos derrames.
El antecedente ambiental de Petroecuador es alarmante. La empresa ha sido responsable de más de 1.400 derrames entre 2000 y 2008. De acuerdo con informes de los medios, Petroecuador derramó más de 4,4 millones de galones de petróleo en yacimientos de almacenaje y de producción de petróleo, junto a varios oleoductos.
Entretanto, Petroecuador aumentó en gran medida la superficie ocupada de las operaciones de petróleo dentro de los anteriores yacimientos del consorcio. Por ejemplo, la empresa ha perforado más de 400 pozos nuevos desde que se hizo cargo de las operaciones, a diferencia del consorcio que perforó 321 pozos. Asimismo, Petroecuador construyó más de 270 nuevos pozos de reserva en los últimos tres años. Al mismo tiempo, la empresa ignoró totalmente sus obligaciones para remediar su parte de las operaciones del consorcio de acuerdo con el contrato de remediación con Texaco Petroleum.
Vea una galería de fotos o mire un video de la mala gestión ambiental de Petroecuador.
A pesar del pésimo historial ambiental de Petroecuador, ni el Frente de Defensa de la Amazonía ni Amazon Watch ha puesto a Petroecuador en la mira de la campaña de remediación de Oriente, y los demandantes y sus abogados nunca han entablado una acción judicial contra la empresa petrolera estatal. Al contrario, Petroecuador se beneficiará, directa o indirectamente, más que cualquier otra entidad ecuatoriana si el costo de la remediación general se transfiere a Chevron por:
- Obligar a Chevron a pagar el trabajo de remediación que es, sin duda alguna, responsabilidad y obligación de Petroecuador: conforme al Acuerdo de Conciliación y Liberación definitiva celebrado por Texaco Petroleum, el gobierno del Ecuador y Petroecuador; además, es el único propietario y operador de los anteriores yacimientos del consorcio durante las últimas dos décadas.
- Solicitar a Chevron el reacondicionamiento y actualización de la infraestructura deteriorada de Petroecuador, a pesar de que Texaco Petroleum ha transferido todos los bienes a Petroecuador en óptimas condiciones operativas hace casi 20 años y no ha tenido ni voz ni voto en ninguna de las decisiones operativas de Petroecuador desde 1992.
Vea las fotos de las operaciones de Petroecuador en el Ecuador:
